Una organización de derechos
humanos pide a la Corte Penal
Internacional que investigue por crímenes contra la humanidad 3.345 ejecuciones
extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008.
La Haya 30 de mayo de 2012/
La Federación Internacional de Derechos Humanos ha solicitado
a la Corte Penal
Internacional (CPI) que investigue judicialmente
los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia entre 2002 y 2008.
En especial, se señala el fenómeno
de los “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales, que durante dicho periodo, costaron la vida a 3.345 civiles, según
cifras de Naciones Unidas. En su mayoría jóvenes y varones,
fueron asesinados en el marco del conflicto armado colombiano que enfrenta a la guerrilla -las FARC- con el Ejército
y grupos paramilitares. Las víctimas fueron falsamente identificadas
como guerrilleros muertos en combate y presentadas como tales a la opinión pública. La Federación sostiene que
el crimen derivó de la exigencia impuesta por Alvaro Uribe y Juan
Manuel Santos a las Fuerzas Armadas de mostrar logros concretos en la lucha contra
las guerrillas.
“Dado que los mayores responsables
de las matanzas no son perseguidos a domicilio”, señala el informe de la organización, recién presentado en Holanda, “el
caso sería plenamente admisible por la CPI”.
Los falsos positivos se convirtieron
en un escándalo internacional en 2008. En agosto de ese año, un grupo de madres del municipio de Soacha (parte de la conurbación
de Bogotá) se unieron para buscar a 16 de sus
hijos. Los jóvenes habían desaparecido en circunstancias extrañas. Un año después, sus cuerpos aparecieron en una fosa
común en Ocaña, al noreste del país, en la región andina.
El Ejército los identificó como delincuentes, paramilitares y guerrilleros. El rechazo ciudadano ante el fraude fue inmediato,
y partir de entonces, familias de todo el país denunciaron sucesos
similares. Según la Federación,
“la práctica adquirió carácter sistemático”. “Hay una
relación directa entre las ejecuciones y las políticas del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez a partir de 2002, cuyo
Ministro de Defensa era el señor Juan Manuel Santos. Había
un sistema de incentivos y recompensas, y la presión por generar resultados positivos, en el combate contra los grupos
insurgentes”.
El informe, presentado en el
nuevo Instituto de Justicia Global, con sede en La Haya, añade que los falsos positivos se convirtieron en un negocio apoyado
por los altos mandos del Ejército. Sus miembros, de otro
lado, obtenían beneficios. Por ello, y porque investigaciones y juicios “se realizan en Colombia de manera aislada evitando tratar
el fenómeno como crimen de lesa humanidad”, la Federación pide a la CPI que intervenga.
Para su fiscal saliente, el argentino
Luis Moreno Ocampo, la situación no es nueva. En 2005 ya recabó información sobre la conducta de jefes paramilitares y
guerrilleros colombianos, además de la Fuerza Pública. Su
sucesora, la jurista gambiana Fatou Bensouda, confirmó en 2009 que el país figuraba en sus archivos “en fase preliminar
de estudio”. Es decir, no se ha abierto una investigación oficial,
pero la actuación de la justicia nacional es seguida de cerca para ver si persigue a los culpables de los crímenes.
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| Hasta "Falsos Positivos" de Frentes "guerrilleros" falsos que en realidad eran integrantes de la hampa colombiana, pero sirvieron, en su momento, como un show mediático por la administración de Uribe como parte de la guerra psicologica en donde todo esta permitido bajo la batuta de la inteligencia militar. Los paramilitares vendieron fusiles inservibles al "Comisionado de paz" del gobierno uribista, Luis Camilo Restrepo, señor que esta prófugo de la justicia. |
