El capital financiero internacional
se apodera de las mejores tierras sudamericanas
por
Bolpress
Domingo,
16 de Diciembre de 2012 01:35
Se
estima que el 25% del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10% del
argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras que en otros
países de la región los latifundios privados se multiplican como hongos.
Desde
de 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el acaparamiento de
enormes superficies de tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo
que supone “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias
primas sin valor agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.
Arabia
Saudí, Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan tierras para
cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros
acaparan predios para lucrar y especular con materias primas
agroindustriales.El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona
para comprar y arrendar tierras agrícolas. [1]
En
septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron
tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo
y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India
Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo
Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. [2]
“Hay
un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es
mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de
tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios
Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio
realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). [3]
Los
investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la
producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur “estamos
ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras
importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe
oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de
hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades
anónimas privadas. [4]
En
Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010
por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y
españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos
Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas
extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras
paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.
En
Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de
agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría
destinada a la producción de soya transgénica. [5]
Para
el director del Centro Peruano de Estudios Sociales Fernando Eguren la
concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder
político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene
que ver con restricciones en la democracia”. [6]
Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
Pese
al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá
Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos
fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en
1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde
parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
Compañías
de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó
transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas
denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el
déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.
Varios
sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea
Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue
aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el
clamor popular.
Miles
de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra
la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt
perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron
heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de
ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia
Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras
de la zona franca.
Por
otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de
“desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la
aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora
ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó
que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y
atrasaba el desarrollo” nacional.
La
preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos
ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como
en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de
Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. [7]
Recientemente
la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)
acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la
construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto
Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).
No
obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión
de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de
demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la
firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario
Democrático. También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de
Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.
Privatización en Honduras
Luego
del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada
oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la
creación de las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades
Modelo”, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo
territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a
inversionistas extranjeros.
Desde
hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en
los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de
regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality
of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía
Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense
Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro,
ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien
pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.
En
diciembre de 2011, la revista The Economist reveló que el Estado de Honduras
firmó dos cartas de intención con grupos privados interesados en construir
“ciudades modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía Future Cities
Development Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista
Milton Friedman, y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo
consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de propiedad
de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en Honduras con el nombre de NKG.
El
4 de septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas
Público-Privadas (Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la construcción de
la primera “ciudad modelo” en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el
presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales
promotores de la subasta de Honduras mediante las RED.
Pero
las RED no son las únicas amenazas a la soberanía territorial hondureña. El 13
de diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro
presentaron una demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta
fraudulenta de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de
Trujillo al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.
Jorgensen
, conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle para cruceros
Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades
Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias
ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de
amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.
El
“rey del porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario
Porfirio Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un “reconocimiento especial”
del propio presidente en sesión del gabinete ministerial en la ciudad de
Trujillo. [8]
Pretenden privatizar el patrimonio natural costarricense
En
Costa Rica está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla Plata de 18 hectáreas ubicada
en Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del Estado y protegida por
la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más de una década la
empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende construir en la isla onas
residenciales e infraestructura turística.
En
2006 las autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron vender la
pequeña ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de
dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por
el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el
Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el biólogo
William Arauz.
Sin
embargo, el año pasado el director del Área de Conservación Tempisque Arenal
Nelson Marín eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la concesión de
parte de la isla. Esto permitió a la empresa solicitar la autorización para
iniciar obras, la cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de
Santa Cruz, controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Los
diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña
denunciaron que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de
propiedad de Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo
Benavides, padre del Ministro de la Presidencia.
Al
plan privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un proyecto de ley
que pretende reducir los límites del Refugio de Vida Silvestre
Gandoca-Manzanillo, una de las playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de
Limón, en la costa Atlántica costarricense.
El Senado chileno debate la privatización del mar
Este
mes se debate en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica la Ley de
Pesca en Chile y que entrega a perpetuidad los recursos pesqueros a empresas
transnacionales. La norma define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo
de licencia reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales;
otro tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15% de
los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su rendimiento
máximo sostenible.
El
proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre e irrespeta
las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro
grandes consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la norma
transgrede el derecho de todos los ciudadanos al control sobre los recursos
naturales del mar.
“Nos
parece inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a
inhabilitarse de votar, aun cuando es de público conocimiento su vinculación
con empresas ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó la presidenta de la
CUT Bárbara Figueroa, aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.
Según
el senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta,
además de no resolver problemas de fondo, genera mayor concentración económica,
no garantiza una verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y
“condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la
industria”.
Limitan la extranjerización de la tierra en Argentina
En
febrero de 2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración
de un anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras, pero la norma aún
no fue aprobada. En Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley
sobre el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión
o tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la tenencia
y adquisición de tierras por extranjeros.
La
presidenta Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la nación están
en manos extranjeras. La nueva legislación argentina estipula que máximo el 15%
del territorio nacional puede estar en manos foráneas, y de esa cantidad no
podrá haber más de un 30% detentado por personas físicas o jurídicas de una
misma nacionalidad, informó la agencia Télam.
La
norma argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no podrán
superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo
determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. También define
estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean
ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone que no se
entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un
recurso natural no renovable.
La
iniciativa dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales,
encargado de realizar un relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así
como de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
Notas:
1. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina
denunció en octubre de 2010 que “los negociantes de los mercados globales salen
a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y
alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas.
Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas
vacías de valor, sino que, adictos a las fábulas del ‘crecimiento’, descubren
ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en
propiedad o arriendo”.
3. Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y
Transparency Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa
la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra.
5. Concentración y extranjerización de la tierra en
Bolivia, Miguel Urioste; Fundación TIERRA, octubre 2010. El gobierno boliviano
estima que alrededor de un millón de hectáreas productivas, de las 5,5 millones
de hectáreas que producen algún tipo de alimentos, están en manos de
extranjeros, principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras representan
el 20% del total de la superficie con características agrícolas.
6. Lourdes Pérez Navarro, periodista de la redacción
de Economía de Prensa Latina.
7. El director del Centro de Incidencia Ambiental
Félix Wing dijo que es inquietante la inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa
Lucía Chandeck renunció sin que se sepan los motivos, y fue reemplazada por
Silvano Vergara, el tercer administrador en tres años.
La
Ceiba, Atlántida 8 de septiembre de 2012.
