Tres crímenes y una
condena impostergable
ANNCOL
Uno siente que se va cansando de hablar sobre
los terribles hechos que día a día enlutan la geografía colombiana.
Pasan los años y nos vemos obligados a repetir
historias similares, donde la muerte es el denominador común, el pánico una
constante y las lágrimas parecen producir manantiales de impotencia derramada.
Sin embargo, cuando tenemos que dar noticias
como la que adjuntamos, en medio de ese cansancio y de una pregunta reiterada:
¿hasta cuándo será? que parece no tener fin, el cansancio se echa a un lado, la
bronca se acrecienta y la imposibilidad del silencio golpea las puertas del
alma como para que no nos callemos.
Ese dolor es lo que tristemente nos va dando
la fuerza necesaria para seguir hablando.
Hablando porque urge.
Hablando porque cuando el espanto es tan
grande, callar es el acto de cobardía más repugnante.
Hablando porque no podemos permanecer
inmutables en medio de tanto odio enquistado.
Los Diálogos que se entablan en La Habana, que
nos acercan un poco de esperanza, por momentos parecen una cuestión sin
sentido, porque cuando en medio de esas conversaciones nos van llegando
noticias abrumadoras, uno siente que el corazón se estruja.
¿Diálogos con quiénes? Nos preguntamos aunque
sabemos que hacen mucha falta, porque el Estado tiene una gran deuda que saldar
con ese pueblo sufrido, que sabe que es perentorio hablar mucho para tratar de
cambiar algo.
En octubre de 2010 en la zona rural de Caño
Temblador, municipio de Tame, el teniente de la Contraguerrilla del Ejército
Nacional, Raúl Muñoz Linares, cometió acto pederasta seguido de infanticidio.
¡Vaya, como duele recordar el asesinato de
tres criaturas! Niñas y niños a los que un hombre del ejército, dizque
protector de la soberanía de la Patria, arrebatara el futuro, cerrando sus
ojitos para siempre, negándoles la posibilidad de crecer para tratar de
modificar la situación circundante en su pueblito pobre, olvidado. Allí donde
las noches no tienen sábanas y las mañanas carecen de desayunos.
Las víctimas fueron Jenny Narvey, de 14 años,
Jimmy Ferney de 9 y Jeferson Giovany Torres Jaimes, de 6. Eran hermanitos,
compartían la misma miseria, no hace falta recordar que los campesinos
colombianos y sus hijos solo conocen la marginalidad que produce un sistema y gobiernos
que si no matan de hambre, lo hacen a golpe de machete.
Y logran su cometido gracias a la amoralidad
de las fuerzas que los representan y que debieran estar preparadas para la
protección de los habitantes. ¡Pero no, están preparadas para el crimen y para
el goce de la impunidad que a veces se rompe, cuando pasan los años y la
mentira se convierte en insostenible!
Esto sucedió en Colombia cuando el año 2010
agonizaba y el machete se convirtió en un dios capaz de arrebatar vida, luego
de que quien lo descargara saciara sus bajos instintos con la jovencita.
Y este fue uno más entre los tantos espantos
de los que cotidianamente se repiten en Colombia, dejando en evidencia otro de
los consabidos escándalos que como collar de semillas de odio, aprietan la
garganta de una tierra en la que los colombianos y colombianas van agotando sus lágrimas hartos de llorar
tantas muertes.
En estos días, el Ministro de Defensa y los
generales de ese ejército de inadaptados, hicieron uso de un discurso tendiente
a desmovilizar el espacio abierto en La Habana.
¡Cómo si no
tuvieran nada de qué hablar!
¡Cómo si no
debieran rendir cuentas!
¡Cómo si no
fueran parte del teatro de operaciones de la peor obra sangrienta de la
historia suramericana!
Por todo esto llamamos al pueblo colombiano,
desde este espacio humilde que ofrece Anncol, a no desfallecer, para que entre
todos encontremos el camino que lleve a una paz real y duradera. Para
que de una vez para siempre no solo se depure de tanta criminalidad a una
institución como el Ejército Nacional que cuenta con hombres de la calaña del
teniente Muñoz, sino también para ir levantando los cimientos hasta la
construcción de la Nueva Colombia
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Las violaciones contra el Derecho Humanitario Internacional son de vieja
fecha en el departamento de Arauca. Varios de los niños en la foto del corregimiento
de Santa Ana, municipio de Arauquita, contaron al reportero que el Ejército
intenta reclutarlos como informantes a cambio de caramelos, ropa y hasta
dinero, violando los convenios internacionales. Los organismos de derechos
humanos tienen registrados múltiples violaciones de niñas, niños, mujeres y
asesinatos por parte de la XVIII Brigada del Ejército Nacional en Arauca.
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El Tiempo:
Ratifican la condena contra asesino de dos niños y una niña en Arauca
El Tribunal superior de Bogotá ratificó los 60 años de cárcel al teniente
Raúl Muñoz.
La sala penal del Tribunal Superior
de Bogotá ratificó la decisión de la juez 27 de conocimiento de Bogotá que
condenó a 60 años de prisión al militar Raúl Muñoz Linares luego de ser hallado
responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y homicidio
agravado en Caño Temblador, zona rural de Tame, en octubre de 2010.
Para el tribunal es evidente la
responsabilidad del militar en los hechos delictivos y solicitó ante el Consejo
Superior de la Judicatura y el Tribunal Superior investigar las actuaciones de
la defensa del militar, entre ellos al abogado Sergio Rodríguez Alzate, por
presuntas faltas contra la ética profesional, pues durante el juicio
perjudicaron el buen nombre de las víctimas. A su vez, pidió investigar la
actuación profesional de la psicóloga María Patricia Gil.
Además el Tribunal solicitó al
comando del Ejército Nacional que se diseñen y ejecuten mecanismos para una
incorporación adecuada del personal y al ICBF para que cree un plan de atención
para la menor y la familia de las víctimas.
El pasado 25 de septiembre, la juez
27 de conocimiento condenó a 60 años de prisión al teniente del Ejército Raúl
Muñoz Linares, como responsable de la violación y asesinato de Jenny Narvey, de
14 años, y de la muerte de dos hermanos de la niña, Jimmy Ferney y Jeferson
Giovany Torres Jaimes -de 9 y 6 años de edad-, en Tame (Arauca). Muñoz también
fue inhabilitado por 20 años.
El crimen conmovió al país y puso al
Ejército ante uno de los más graves escándalos de los últimos tiempos.
Las pruebas de ADN halladas en el
cuerpo de la niña asesinada, su presencia en el área y el hecho de que el día
del crimen se hubiera evadido por dos horas de su unidad militar, sin ninguna
explicación válida, fueron claves en la condena.
“Las víctimas estaban indefensas y
fueron atacadas por la espalda con golpes en la cabeza (...); las heridas
coincidían con un machete como el que tenía el acusado, y él volvió al
campamento mojado, agitado y buscando dónde bañarse”, argumentó la juez, quien
concluyó que el militar hizo inteligencia a las víctimas, se aseguró de que los
niños estuvieran solos y procedió a atacarlos con dolo y total conciencia de
sus actos.
El fiscal 51 de Derechos Humanos,
Víctor Julio Lozano, había solicitado al juzgado condenar al militar a 60 años
de prisión señalando que “Muñoz, valiéndose de su autoridad y rango militar,
montó un observatorio el 2 de octubre para espiar a la niña, mas no a la
guerrilla. Se aseguró de que su padre no iba a estar, para cometer el delito”.
Durante el proceso, los
investigadores del caso señalaron al teniente del Ejército Raúl Muñoz, quien no
asistió a la audiencia, como un “depredador sexual”.
La juez 27 puso en duda la
credibilidad de los testigos de la defensa y no dio crédito a la tesis según la
cual todo era un montaje de la guerrilla.
La funcionaria, igualmente, ordenó
que la condena se cumpla en la cárcel La Picota, de Bogotá, y compulsó copias
con destino a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se investigue la
posible comisión del delito de falso testimonio en los que pudieron incurrir
Stiven Florido Vega, Freddy Alexis Caballero Rodríguez y Eleiner Pallares
Martínez en las declaraciones que rindieron ante este despacho judicial en
audiencia de juicio oral en la que comparecieron en calidad de testigos de la
defensa.
Asimismo se compulsaron copias con
destino a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se indague sobre
las posibles faltas disciplinarias en las que puede incurrir el señor General
Javier Fernández Leal comandante de la octava división y el señor Coronel
Freddy Francisco Sanmiguel Guzmán comandante de la brigada móvil cinco del
Ejercito Nacional de Colombia, por la presunta omisión en que ocurrieron frente
a los hechos que le fueron denunciados por los pobladores de la zona rural del
municipio de Tame los días 15 y 16 de octubre de 2010.
REDACCIÓN JUSTICIA
